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Punto de Vista

Iván Fabela · LA POLÍTICA Y LA LEY EN CONTEXTO

Reforma electoral en Querétaro: cuando el esfuerzo local choca con la incertidumbre nacional

El 31 de octubre de 2025, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) concluyó y presentó formalmente su propuesta de reforma a la ley electoral del estado de Querétaro. Se trata de un documento técnico que no surge de la improvisación, sino de un diagnóstico claro: el marco electoral vigente funciona, pero presenta vacíos estructurales que requieren actualización.
En cualquier democracia, que una autoridad electoral revise la ley que aplica y proponga mejoras debería entenderse como algo normal y sano. Sin embargo, el contexto político nacional convierte este esfuerzo local en un ejercicio cargado de incertidumbre e, incluso, de ironía.

La legislación electoral actual de Querétaro permite elecciones competidas y organizadas, pero deja pendientes relevantes. Hoy, por ejemplo, no existe una Defensoría Pública Electoral, lo que obliga a la ciudadanía a enfrentar conflictos electorales sin acompañamiento jurídico gratuito. La paridad de género está reconocida, pero no opera como un principio rector transversal, sino de manera fragmentada. Además, hay personas que, en los hechos, no pueden ejercer plenamente su derecho al voto, como quienes se encuentran en prisión preventiva, en postración por enfermedad o dedicadas al cuidado permanente de terceros.
Uno de los puntos más sensibles es el nepotismo. La ley no lo prohíbe expresamente. Basta con cumplir ciertos requisitos formales para que un familiar pueda acceder a un cargo o candidatura. En los documentos puede ser legal, pero en la realidad se perpetúan privilegios y se vulnera el espíritu de equidad que debería regir la competencia democrática.

Frente a este escenario, la propuesta del IEEQ introduce avances relevantes. Plantea la creación de una Defensoría Pública Electoral, el fortalecimiento de principios como la paridad y la probidad, la ampliación del derecho al voto para sectores históricamente excluidos y la actualización de las reglas sobre violencia política, incorporando lo que hoy ocurre en redes sociales y plataformas digitales. No es una reforma para desmantelar el sistema, sino para corregirlo y modernizarlo.
Sin embargo, la iniciativa también evidencia límites. Aunque reconoce problemas como la corrupción y el nepotismo, no los enfrenta de manera frontal. No establece prohibiciones claras para evitar la herencia de cargos ni regula con precisión los conflictos de interés. Es una reforma que avanza, pero que deja temas sensibles abiertos.

Hasta aquí, el debate podría mantenerse en el ámbito local. El problema es que ya no lo está.
A nivel federal, se ha anunciado que a mediados de enero de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum presentará una reforma electoral nacional. Su contenido aún no se conoce, pero desde distintos espacios políticos y mediáticos se han planteado especulaciones reiteradas: la posible desaparición de los organismos públicos locales electorales, la eliminación de los diputados plurinominales y la reducción del financiamiento público a partidos y procesos electorales.
Aquí surge la paradoja. Mientras el IEEQ cerró el 31 de octubre de 2025 una propuesta para fortalecer la democracia local, la reforma federal que se anunciará en enero podría plantear la desaparición del propio instituto. Es decir, el órgano que hoy analiza, propone y busca mejorar la ley electoral de Querétaro podría dejar de existir por una decisión tomada desde el centro del país.

A esta tensión se suma un elemento clave: el tiempo constitucional. El artículo 105 de la Constitución Federal establece que las leyes electorales deben estar aprobadas y publicadas al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral. En Querétaro, el proceso electoral local 2026–2027 inicia en septiembre de 2026, por lo que el plazo real para que cualquier reforma sea aplicable se ubica entre finales de mayo y principios de junio de 2026. Después de esa fecha, aunque se aprueben cambios, ya no tendrían efectos para la elección de 2027.

Hoy, diciembre de 2025, la reforma local aún no ha sido discutida por la Legislatura de Querétaro y la reforma federal ni siquiera ha sido presentada. El margen de acción existe, pero es limitado, y las decisiones que se tomen durante 2026 serán determinantes para el diseño del sistema electoral que regirá el próximo proceso.
Querétaro ya puso una propuesta sobre la mesa. Ahora, su destino dependerá de decisiones que se adopten más allá del ámbito estatal y, sobre todo, de si se actúa a tiempo. En materia electoral, no solo importa qué se quiere cambiar; también importa cuándo se hace y desde dónde se definen las reglas. Porque, al final, la democracia no solo se expresa en las urnas, sino en la fortaleza —o fragilidad— de las instituciones que la hacen posible.

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