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Punto de Vista

Iván Fabela · LA POLÍTICA Y LA LEY EN CONTEXTO

¿Cuánto cuesta mantener a un diputado local en Querétaro y qué tanto se nota?

En Querétaro, la conversación pública sobre la LXI Legislatura suele encenderse por la polémica del día. Sin embargo, hay una pregunta que pocas veces se coloca con datos completos y en una sola línea de análisis: ¿qué tan proporcional es el costo de sostener a un diputado local frente a lo que efectivamente se ve como trabajo legislativo?

La LXI Legislatura inició el 26/09/2024 y concluye el 25/09/2027. Al 28/12/2025 lleva aproximadamente 15 meses en funciones. Es tiempo suficiente para que la ciudadanía no se limite a percepciones: ya existe un historial y, sobre todo, hay reportes públicos para observar patrones.

Primero, el salario. En el tabulador de remuneraciones y en la nómina publicada 2025, la dieta mensual aparece en $90,376.06 brutos y $56,576.26 netos por diputación. Es decir, el sueldo “visible” puede comprobarse sin discusión: está en los formatos de transparencia.

Después viene lo que no aparece en el recibo como “dieta”, pero sí pesa en el costo político y presupuestal. Diversas notas periodísticas han documentado que cada diputada y diputado recibe alrededor de $200,000.00 mensuales en prerrogativas para “gestión y trabajo legislativo”. La relevancia de este punto no es menor: si se toma ese monto como referencia, multiplicado por 25 curules, equivale a $5,000,000.00 al mes y a más de $60,000,000.00 al año solo por ese concepto. En números cerrados, una curul se mueve en $256,576.26 mensuales al sumar sueldo neto más prerrogativas reportadas.

El tercer nivel de costo es el que suele pasar más desapercibido: la nómina paralela de honorarios. En el listado oficial 2025 aparecen 90 personas contratadas por “servicios profesionales asimilados a salarios”, mayoritariamente bajo el concepto de “asesoría y asistencia”. El reparto, de acuerdo con ese listado, muestra que 17 personas cobran $30,000.00 netos al mes; 11 cobran $25,000.00; 17 cobran $20,000.00; y 20 cobran $15,000.00 mensuales. Además, hay 13 personas entre $10,000.00 y $12,000.00 al mes. Si se busca un marco sencillo, el costo mensual neto agregado de honorarios asciende a $1,784,500.00. Y la suma total en sus periodos contratados alcanza $10,591,000.00, principalmente concentrados en el tramo julio–diciembre de 2025.

Lo anterior no ocurre en el vacío. El Congreso también sostiene una estructura fija: 50 plazas de base ocupadas de un total de 55, y 126 plazas de confianza ocupadas de un total de 175, conforme al reporte de “vacantes y lugares ocupados”. Si se suman honorarios, base y confianza, se trata de 266 personas, además de las 25 diputaciones. Este dato es crucial porque derrumba una excusa frecuente: que “no hay capacidad” o “no hay con qué”. El aparato humano y administrativo existe.

Con ese contexto, la pregunta se vuelve inevitable: con ese tamaño de estructura y con esos niveles de recursos, ¿qué tanto se ve el trabajo? En el cómputo oficial, la asistencia general al pleno reporta 95.73% al 30/11/2025. Hay diputadas y diputados con 31 de 31 sesiones registradas, y también hay quienes bajan a 27 o 28 asistencias. La asistencia, por sí sola, es un indicador útil, pero insuficiente: estar presente no equivale necesariamente a deliberar, argumentar, corregir, debatir o representar.

Por eso el indicador más revelador suele ser la tribuna, particularmente en “asuntos sometidos a votación”. En ese rubro, el reporte muestra picos claros: Teresita Calzada Rovirosa y Claudia Díaz Gayou con 12 participaciones cada una, Arturo Maximiliano García Pérez con 10. Y en el otro extremo aparece el silencio: María Eugenia Margarito Vázquez, de Morena, con 0 intervenciones en el periodo medido. Cuando se observa una Legislatura, el contraste entre quien argumenta en votación y quien no toma la palabra permite identificar no solo estilos, sino prioridades: el trabajo legislativo también es la responsabilidad pública de sostener lo que se vota.

El otro gran tablero es el de iniciativas.

En la estadística por legislador, Claudia Díaz Gayou aparece con 58 iniciativas como autora o coautora; Paul Ospital Carrera con 49; Laura Andrea Tovar Saavedra con 46; Rosalba Vázquez Munguía con 46; y Arturo Maximiliano con 42. Este indicador también debe leerse con cautela: más iniciativas no siempre significa mejor legislación, pero sí es una señal de actividad documental. Y aquí ocurre un contraste que no puede ignorarse: María Eugenia Margarito Vázquez registra 40 iniciativas, pero 0 intervenciones en tribuna en asuntos sometidos a votación. En otras palabras, hay casos en que se produce en papel, pero no se defiende públicamente en pleno cuando el asunto se somete a decisión.

Finalmente, el reporte por bancadas dibuja el volumen de la voz pública: de 141 intervenciones totales, Morena suma 49, PAN 28, Movimiento Ciudadano 16, PRI 15, Partido Verde 9 y PT 12, más participaciones de independientes. La cifra no determina calidad, pero sí muestra quién ocupa la tribuna y quién se ausenta del debate.

El punto de fondo no es construir una condena automática ni reemplazar el juicio ciudadano. El punto es más básico y, precisamente por eso, más exigente: si el Congreso tiene un aparato amplio, un costo significativo por curul, una bolsa de honorarios de $1,784,500.00 mensuales netos, y reporta una asistencia promedio alta, entonces la ciudadanía tiene derecho a pedir congruencia entre recursos y resultados. Eso incluye transparencia sobre el destino y comprobación de prerrogativas, pero también una evaluación ciudadana sobre productividad, debate y presencia pública.

Todo lo anterior se sostiene en documentos oficiales de la LXI Legislatura y en formatos públicos, con corte al 30/11/2025, además de referencias periodísticas para el dato de prerrogativas. Si algún diputado o diputada sostiene que “ha participado más” o que “esa cifra está mal”, la ruta institucional es clara: que lo aclare y lo corrija en la propia Legislatura, en sus reportes oficiales.

Y ahora sí, la última palabra es de la ciudadanía: ¿usted conoce a su diputado local? ¿Y usted cree que su diputado desquitó el sueldo, considerando que cuenta con un aparato y un sistema diseñados precisamente para facilitarle el trabajo legislativo?