Sin plebiscito y con manipulación: así operan los medios de Gilberto en Cadereyta
El plebiscito sobre el agua en Cadereyta de Montes no se cayó por un “complot” del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) ni por falta de voluntad ciudadana, sino por algo mucho más simple y grave: improvisación y falta de seriedad del Ayuntamiento.
El Consejo General del IEEQ aprobó en diciembre de 2025 los cronogramas y los presupuestos para dos plebiscitos: uno en Querétaro y otro en Cadereyta. Para este último, el monto autorizado fue de 7 millones 936 mil 313.49 pesos, a cargo del Municipio, con la instrucción expresa de firmar convenios y realizar depósitos en fechas perentorias.
El propio acuerdo establece que, si no se firman los instrumentos jurídicos ni se entregan los recursos, “se actualiza la imposibilidad material para continuar con el proceso” y el plebiscito debe darse por terminado. Al vencerse el plazo para la firma de convenios y los primeros pagos, sin que el Ayuntamiento cumpliera, el escenario jurídico quedó claro: no habrá plebiscito ni en Querétaro ni en Cadereyta.
En otras palabras, el gobierno municipal que hizo del plebiscito su bandera política no fue capaz de garantizar, en tiempo y forma, las condiciones mínimas que él mismo solicitó para poder realizarlo. Esa es la primera gran mentira desmontada: no fue la autoridad electoral la que “boicoteó” la consulta, sino la propia administración que no honró los compromisos financieros que exigía al Instituto.
La sentencia que no sancionó a los medios
La segunda mentira tiene que ver con la sentencia de violencia política de género dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) en contra de regidores de Cadereyta, y el uso político que se hizo de ella para atacar a los medios críticos.
En esa resolución, el Tribunal determinó la existencia de violencia política contra la presidenta municipal y ordenó, como medida de reparación, que los regidores ofrecieran una disculpa pública y gestionaran su difusión en los medios que habían cubierto la rueda de prensa donde se emitieron las expresiones. En ningún punto se impuso sanción a los medios de comunicación ni se les atribuyó responsabilidad alguna en los hechos.
Pese a ello, diversos comunicadores y páginas afines al grupo político de Gilberto Herrera Ruiz difundieron encabezados y videos asegurando que “el TEEQ ordena a los medios ofrecer una disculpa pública” y que los portales tenían un plazo de cinco días para someterse a esa orden. La narrativa buscaba instalar la idea de que el Tribunal había “puesto en su lugar” a la prensa y que los medios habían perdido un juicio que en realidad nunca se tramitó en su contra.
El único medio que litigó y lo que se dijo ante la justicia federal
Frente a ese escenario, la mayoría de los medios optó por el comentario en corto o la queja en redes, pero solo uno decidió llevar el tema a los tribunales: El Tolimanense. Su titular, Celso González Bocanegra, promovió —a través de quien firma esta columna— un Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El objetivo del juicio no era desconocer la calidad de víctima de la presidenta ni negar la existencia de violencia política, sino cuestionar la parte de la sentencia que pretendía usar el perfil del medio para difundir la disculpa durante setenta y cuatro días, sin que el portal hubiera sido llamado al procedimiento, escuchado en audiencia o reconocido como parte. Se planteó, en términos sencillos, que no se puede convertir a un medio de comunicación en vehículo forzado de un mensaje político sin garantizarle previamente derecho de defensa.
En la contestación rendida ante la justicia federal ocurrió algo que la opinión pública merece conocer: la propia presidenta municipal reconoció que la sentencia no impone obligación directa alguna a los medios de comunicación, que no los sanciona y que, incluso, la medida puede resultarles favorable en tanto obliga a los regidores a contratar espacios para difundir la disculpa. Es decir, ante el Tribunal federal se desmontó, por escrito, la narrativa de que la prensa había sido “obligada” o “castigada”.
Esa admisión contrasta con semanas de mensajes y contenidos producidos por comunicadores cercanos al grupo de Gilberto Herrera, que insistieron en que los medios estaban en la mira del Tribunal y que debían “arrodillarse” y disculparse. La discrepancia entre lo que se reconoce ante un órgano jurisdiccional y lo que se grita en redes sociales revela el uso instrumental de la desinformación como herramienta de presión política, con un grupo de medios atacando a otros medios por razones abiertamente facciosas.
Desinformación, plebiscito frustrado y responsabilidad pública
En Cadereyta coinciden dos historias que, vistas juntas, pintan un cuadro preocupante: por un lado, un plebiscito que se vende como conquista ciudadana pero que termina cancelado por falta de cumplimiento del propio gobierno que lo enarboló; por otro, una sentencia de violencia política que se utiliza para fabricar un relato de derrota y sumisión de los medios críticos que jamás ocurrió en los términos difundidos.
Ambos casos comparten un patrón: la apuesta por la narrativa antes que por la legalidad. Se anuncia un plebiscito sin garantizar los recursos que exige la ley de participación ciudadana y se presume una “victoria” sobre los medios sin aceptar que, ante la justicia federal, se reconoció que no estaban sancionados ni obligados a disculparse. En esa lógica, la forma se impone al fondo y la propaganda sustituye a la rendición de cuentas.
Ante ello, resulta indispensable que la ciudadanía conozca los documentos, no solo los discursos: el acuerdo del IEEQ que fija el presupuesto y las condiciones de los plebiscitos; la sentencia del TEEQ que señala con nombre y apellido a los regidores responsables de violencia política de género; y los escritos presentados ante la Sala Regional Toluca, donde se reconoce que los medios no son sujetos sancionados ni obligados. Solo a partir de esa lectura es posible desactivar la desinformación que se intenta normalizar desde el poder.
En Cadereyta, como en el resto del país, el reto es pasar del activismo de café a las acciones legales y de la propaganda a los expedientes. Porque la desinformación puede dominar el debate público por un tiempo, pero deja de ser útil en cuanto alguien se toma el trabajo de llevarla ante un juez.
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