La presidencia incurre en “peligrosa falacia administrativa” cuando con su narrativa presume que ejecuta “la obra pública más barata de todo el estado”, asegura regidora independiente Juana García
MESA DE REDACCIÓN
La narrativa oficial del Municipio de Cadereyta de Montes, centrada en presumir sistemáticamente en redes sociales que ejecuta “la obra pública más barata de todo el estado”, incurre en una peligrosa falacia administrativa.
Tras asegurar lo anterior, la regidora independiente, Juana García, consideró que al recudir el éxito de la gestión pública a un simple concurso de precios bajos, la autoridad municipal confunde la austeridad gubernamental con la precariedad técnica, sacrificando la seguridad, la durabilidad y el beneficio social de los ciudadanos.
“Una revisión crítica a los hechos expuestos en el marco del II Informe de Gobierno revela contradicciones profundas entre el discurso político y la realidad física de la infraestructura:
“Inundaciones y colapsos que desmienten el discurso: presumir un ahorro económico es insostenible cuando obras millonarias fallan ante las primeras lluvias. El parque El Jagüey en Vizarrón (inversión de más de 4.2 millones de pesos) terminó inundado, y las Huellas de San José Tepozán (inversión de más de 5.7 millones de pesos) sufrieron derrumbes estructurales. El colapso físico de la infraestructura es la prueba irrefutable de que lo que se ‘ahorró’ en el papel, se cobró en la realidad por falta de rigor técnico.
“La ineficiencia también es corrupción: la corrupción no se limita únicamente al desvío ilícito de recursos; también se fundamenta en la opacidad, la simulación y la entrega de proyectos inadecuados. Diseñar o construir sin estudios hidrológicos ni mecánicas de suelo para forzar un precio bajo es una negligencia. Una obra barata que no sirve se convierte en un gasto con beneficio cero para la población.
“Oídos sordos a la supervisión ciudadana: casos como la cancha de futbol 7 en el barrio de La Magdalena, donde el propio comité de obra alertó a tiempo sobre las deficiencias, demuestran que el gobierno municipal ha priorizado la defensa a ultranza de su eslogan publicitario por encima de la voz de la comunidad y de los controles de calidad elementales.
“El daño patrimonial futuro: de acuerdo con el Artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el contratista debe responder obligatoriamente con una fianza del 10 por ciento por vicios ocultos durante un año. Es obligación legal de la administración municipal y el Ayuntamiento, exigir la aplicación inmediata de estas garantías. Si no lo hacen antes de que venzan las pólizas, los costos de reconstrucción recaerán directamente en las finanzas del Municipio.
“Lo que hoy se anuncia con orgullo como un ‘ahorro’, mañana será un lastre financiero que pagarán los contribuyentes”, abundó a través de sus redes sociales.
La regidora señaló que la infraestructura pública no es un producto desechable. “Es una inversión a largo plazo que debe transformar vidas. Gobernar con responsabilidad implica entender que la verdadera eficiencia no se mide en pesos ahorrados al momento de inaugurar una obra, sino en la cantidad de años que la obra permanece en pie sirviendo fielmente a la comunidad”, concluyó.
