Critican abusos en el cobro de espacios por parte del comité organizador -que encabeza la misma alcaldesa-, la exclusión del sector ganadero, entre otros
MESA DE REDACCIÓN
Con la finalidad de exigir transparencia y respeto a las tradiciones en la Feria Cadereyta 2025, un grupo denominado Ciudadanía Organizada Cadereyta ciudadano -a través de ACONTECER- fija postura en la que critica los abusos del comité organizador -que encabeza la propia alcaldesa morenista-, la exclusión del sector ganadero, entre otros:
Nos dirigimos a ustedes con profunda preocupación ante la evidente desorganización que ha caracterizado la Feria Cadereyta 2025.
A menos de 15 días de su inicio, persiste una falta total de información clara sobre el evento, lo cual genera incertidumbre y malestar entre comerciantes, prestadores de servicios y ciudadanía en general.
Se ha reportado que a los comerciantes se les ha triplicado el costo por stand, en comparación con años anteriores. A los negocios de alimentos, incluso, se les ha cobrado hasta diez veces más. Estas decisiones son incongruentes con el objetivo fundamental de una feria popular: fortalecer la economía local, impulsar el comercio y celebrar nuestras tradiciones como pueblo.
Además, ciudadanos que están pidiendo información sobre vender bebidas alcohólicas no han recibido comunicación oficial alguna sobre protocolos, horarios, reglamentos o ubicación de espacios. Esta falta de transparencia obstaculiza la correcta planeación de sus actividades y compromete sus ingresos.
Adicionalmente, los artesanos locales -cuyo trabajo ha sido siempre parte esencial de esta feria y un orgullo para Cadereyta- también están siendo afectados por cobros excesivos. A estas personas, que promueven con su talento nuestras raíces culturales y llevan el nombre de México en alto, nunca se les había exigido una cuota elevada, precisamente porque su labor es artesanal, hecha a mano, y con márgenes muy reducidos. Cobrarles cantidades desproporcionadas, resulta injustificado ya que sus ingresos no les permiten cubrir gastos elevados sin afectar su producción.
Muy al contrario, su participación debe ser fomentada y reconocida, pues gracias a ellos nuestras tradiciones se mantienen vivas y se proyectan a nivel nacional e incluso internacional. Imponerles este tipo de barreras económicas es desconocer el valor que aportan y comprometer su permanencia en espacios que históricamente han sido suyos.
A esto se suma una medida particularmente alarmante, es el de las personas que tradicionalmente venden barbacoa durante la feria. A ellas nunca antes se les había cobrado una cuota elevada, ya que su actividad es de bajo volumen, con horarios limitados, y muchas veces se organizan por turnos debido a que los eventos son pequeños. Imponerles ahora un pago de 6,000 pesos representa un abuso y no un apoyo, pues no sólo no incentiva su participación, sino que impone una carga económica injustificada que puede poner en riesgo su sustento.
A esto se suma una medida sin precedentes: exigir a los propietarios de terrenos utilizados como estacionamiento el pago del 10 por ciento al municipio por cada vehículo que ingrese. Esta decisión es ilógica y posiblemente improcedente, ya que dichos terrenos son propiedad privada, y los dueños están en su derecho de ofrecer el servicio sin intermediación del gobierno municipal, siempre que cumplan con las normas de seguridad y uso de suelo. No existe en la legislación municipal o estatal una disposición que faculte al gobierno a cobrar una comisión por una actividad privada en terreno particular, salvo que haya un convenio específico o una concesión oficial, lo cual no ha sido informado. Esta práctica, además de no tener sustento jurídico claro, desincentiva la participación ciudadana y vulnera derechos de propiedad y libre empresa.
Por otro lado, la instalación de una carpa junto a la iglesia desde inicios de agosto -presuntamente destinada a camerinos- representa un gasto anticipado y costoso que carece de explicación pública. La renta de este tipo de estructuras con más de un mes de antelación, sin justificación técnica o presupuestal, es una mala decisión financiera que puede interpretarse como un uso irresponsable de los recursos públicos.
Una de las situaciones más preocupantes es la exclusión de la Sociedad Ganadera, organización histórica que ha sido parte fundamental de nuestra feria, de forma unilateral, se modificaron acuerdos y condiciones previamente establecidos, sin convocar a diálogo ni permitir una mesa de trabajo. La falta de voluntad para negociar ha provocado la ausencia de este importante sector.
A pesar de ello, se ha anunciado que sí habrá presencia de animales, pero estos provendrán de un socio de la ganadera cuya esposa funge un puesto directivo en el municipio.
La charreada, considerado el deporte nacional por excelencia y patrimonio cultural de nuestro municipio, también ha sido víctima del desinterés de esta administración. Si bien finalmente se autorizó su realización, fue bajo condiciones inaceptables: sin apoyo económico municipal, con la exigencia de ceder el cobro de baños, estacionamiento y la barra del evento , lo cual deja sin sustento financiero a los equipos que deben cubrir gastos de ganado, transporte y mejora del lienzo charro.
Cabe mencionar que el lienzo municipal, en lugar de mantenerse como un espacio digno para la práctica de este deporte, ha sido utilizado como corralón, alterando su función y afectando un patrimonio tradicional de Cadereyta. Existen otras opciones para un corralón municipal ordenado y funcional; destruir un espacio cultural para fines logísticos refleja una falta de visión y respeto por nuestras tradiciones.
Es preocupante también observar cómo se destinan recursos públicos a intereses personales o políticos, mientras otras áreas del municipio carecen de espacios adecuados para brindar servicios.
Desde la ciudadanía exigimos al gobierno municipal de Cadereyta:
-Un informe público, claro y detallado sobre el estado de la organización de la feria: costos, contrataciones, permisos y beneficios para el municipio.
-Una explicación sobre la ausencia de la Sociedad Ganadera.
-La rendición de cuentas respecto a las designaciones de personal en puestos clave.
-El respeto y apoyo real a nuestras tradiciones como la charreada, no sólo en el discurso, sino con acciones concretas.
-Que se detenga el uso político de recursos y espacios públicos para favorecer intereses privados.
-Que se suspendan los cobros abusivos e injustificados tanto a vendedores tradicionales como a particulares que, con esfuerzo propio, ofrecen servicios a la comunidad.
Es fácil culpar al gobierno anterior. Es un recurso común cuando no se quiere asumir responsabilidad. Pero quien decide tomar el cargo de presidenta municipal lo hace para cambiar las cosas, no para seguir justificando errores. El compromiso de gobernar no es sólo señalar lo que estuvo mal, sino actuar para mejorarlo con resultados tangibles. La ciudadanía no necesita excusas, necesita soluciones. Si la actual administración llegó para “hacer las cosas diferentes”, es momento de demostrarlo, no solo de decirlo.
Cadereyta merece una administración que respete sus tradiciones, cuide sus recursos y escuche a su gente. Gobernar no es imponer, es servir.
A quien desee apoyar este manifiesta, el grupo pone a disposición el enlace:
