La muerte de José Jovani, un adolescente de apenas 14 años, en Ezequiel Montes, Querétaro, presuntamente apuñalado por un compañero de secundaria, no puede ser vista como un hecho aislado ni como una simple nota roja más.
Estamos frente a una señal de alarma social que obliga a una reflexión profunda sobre lo que está ocurriendo con nuestras familias, nuestras escuelas y nuestra sociedad.
El caso ha conmocionado porque rompe una de las últimas barreras emocionales de cualquier comunidad: la escuela como espacio seguro y porque hoy miles de padres de familia observan con preocupación cómo la violencia comienza a normalizarse entre adolescentes cada vez más jóvenes.
Los datos nacionales son contundentes: en México, más de 32 mil adolescentes fueron imputados por delitos durante 2023, además, millones de estudiantes han reconocido haber sufrido violencia escolar, amenazas, golpes o acoso dentro y fuera de los planteles educativos.
La agresividad juvenil ya no es un fenómeno aislado; se está convirtiendo en una crisis estructural.
Pero el verdadero problema no comienza en las aulas, comienza mucho antes, comienza cuando los hijos crecen solos emocionalmente, cuando la familia pierde cohesión, cuando los padres dejan de convivir con sus hijos por jornadas interminables de trabajo o por fracturas familiares, cuando las redes sociales sustituyen la formación humana y los videojuegos violentos reemplazan el diálogo familiar.
El crimen organizado, la violencia digital y la descomposición social están ocupando espacios que antes pertenecían a la familia.
Por eso resulta insuficiente reducir el debate únicamente al endurecimiento de sanciones contra menores porque el verdadero desafío es reconstruir el tejido familiar y social antes de que la violencia siga formando parte de la vida cotidiana de nuestros jóvenes.
Querétaro todavía está a tiempo de reaccionar, pero se debe entender que ninguna política de seguridad será suficiente si no comienza primero por defender y fortalecer a la familia.
