Iván Fabela · LA POLÍTICA Y LA LEY EN CONTEXTO

En la “capital del amor” de Alejo solo hay muerte en los separos

El comunicado oficial del Municipio de Tolimán intenta explicar la muerte de un detenido con una frase: “presuntamente se privó de la vida”. Dice que el hombre fue remitido por una falta administrativa, que fue localizado en el área de celdas sin signos vitales, que se pidió apoyo y que se avisó a la Fiscalía. Y ya.

Ninguna palabra sobre quién lo vigilaba, qué registros existen, qué hizo el juez cívico, qué omitió la Secretaría de Seguridad Pública. Es un texto pensado para cerrar el tema, no para rendir cuentas.

LO QUE LA LEY EXIGE Y EL COMUNICADO CALLA

En el papel, la normatividad de Tolimán es clara:

• El Protocolo de Detenidos ordena que todo servidor público que tenga en custodia a una persona la vigile “constantemente” para evitar “cualquier otra situación que ponga en peligro su integridad”, y que actúe de inmediato si algo pasa.
• Obliga a revisar el cuerpo del detenido, retirar pertenencias, registrar sus datos y fotografía, llenar la puesta a disposición y asentar en un libro de gobierno nombre, motivo de detención, autoridad que dispone la custodia y horas de arresto, traslado y puesta a disposición.
• Establece que el juez cívico es “responsable jurídicamente del detenido mientras esté a su disposición” y que debe estar pendiente de su estado físico y ordenar de inmediato la atención médica que sea necesaria.
• Los reglamentos de Justicia Cívica y de Policía de Proximidad dicen que el sistema existe para “salvaguardar la integridad” y prohíben poner en peligro la vida de particulares por imprudencia, descuido, negligencia o abandono del servicio.

Si todo eso se hubiera cumplido, la versión de un suicidio “inevitable” dentro de los separos sería, en la práctica, casi imposible:

• Para quitarse la vida se necesitan medios materiales, tiempo y falta de vigilancia.
• Esos tres elementos, por diseño, tendrían que estar controlados por la autoridad.
• Si no lo estaban, hay al menos una omisión grave; si lo estaban y aun así nadie reaccionó a tiempo, hay una falla en la vigilancia “constante” que la propia norma ordena.

El comunicado, en cambio, se limita a constatar que “presuntamente se privó de la vida” y que, cuando se dieron cuenta, ya no tenía signos vitales. Con esa redacción, el Ayuntamiento no se coloca como garante que falló, sino como espectador que simplemente “advirtió la situación”. Es justo lo contrario de lo que le exigen sus propias reglas.

LA COARTADA DEL “PRESUNTO SUICIDIO”

Decir “presuntamente se privó de la vida” no es un dato técnico; es una coartada política. Con una sola palabra, se sugiere que la responsabilidad está en el propio detenido y se desplaza el foco lejos de la cadena de custodia. Pero desde el punto de vista jurídico pasan dos cosas:

1. Aun si la mecánica física de la muerte fuera autoinfligida, eso no elimina el deber de cuidado reforzado que tienen el juez cívico, los policías de barandilla y los mandos de Seguridad Pública.
2. La calificación del hecho (suicidio, homicidio, omisión culposa) no puede darse en un comunicado: corresponde a una investigación que necesariamente debe revisar registros, cámaras, partes informativos, libros de detenidos, rondines, tiempos de reacción y órdenes dadas.

El Ayuntamiento se escuda en que la Fiscalía ya abrió una carpeta, pero omite algo fundamental: la responsabilidad administrativa y política es suya, no de otro poder. La Fiscalía investigará delitos; el Municipio tiene que explicar por qué, con reglamentos que presumen “vigilancia constante” y “salvaguarda de la integridad”, un detenido terminó muerto en una celda por una falta administrativa.

LA POLÍTICA DEL ESLOGAN Y LA VIDA DE SEGUNDA

El contraste es brutal: de un lado, la campaña de “Tolimán capital del romance”, las fotos, los festivales, la postal de municipio amoroso. Del otro, un comunicado sin alma que en cuatro párrafos intenta pasar de largo sobre una muerte bajo custodia.

No falta creatividad para inventar festividades y eslóganes, pero sí voluntad para explicar minuto a minuto qué pasó en el Juzgado Cívico.

Cuando un gobierno municipal prioriza la marca turística sobre la autocrítica, el mensaje que manda es claro: la vida de un detenido vale menos que el diseño gráfico del siguiente evento. Y en justicia cívica eso es inaceptable. La misma administración que firmó reglamentos llenos de “derechos humanos” y “salvaguarda de la integridad”, hoy se esconde detrás de un “presuntamente” y de la cómoda frase “ya investiga la Fiscalía”.

ALEJO, IMPROVISACIÓN Y RESPONSABILIDAD

Este caso desnuda el estilo de gobierno de Alejo Sánchez de Santiago. Un estilo marcado por la improvisación, el espectáculo y la liviandad para asumir consecuencias. No es solo el reloj, no es solo la caída viral, no es solo el eslogan de “capital del romance”, ni la denuncia de un activista que señaló haber sido levantado, golpeado y abandonado tras criticar al gobierno: es, sobre todo, que en su administración un detenido por falta administrativa entró vivo a los separos y salió muerto, y la primera reacción fue un comunicado diseñado para minimizar, no para responder.

Es un gobierno que más de una vez ha hecho el ridículo a nivel nacional y que hoy deja a Alejo como el mandatario más ignorante de los 18 municipios de Querétaro.

Un presidente municipal que de verdad entendiera el peso de la ley habría empezado por otra parte: ordenar la preservación inmediata de todos los registros, separar de funciones a los responsables de la custodia mientras se investiga, transparentar libros de gobierno y partes informativos, y asumir públicamente que, ocurriera lo que ocurriera dentro de esa celda, el municipio falló en su deber de garante.

Alejo hizo lo contrario: se parapetó en un texto frío que intenta poner distancia entre su gobierno y la muerte.
Por eso, más allá de tecnicismos, la conclusión es política y ética: el Ayuntamiento no puede usar la palabra “suicidio” como borrador de su propia responsabilidad. La muerte en los separos señala directamente al sistema que Alejo encabeza. Y un alcalde que responde a eso con improvisación y evasivas, en lugar de con rendición de cuentas y seriedad jurídica, confirma lo que muchos en Tolimán ya sienten: que hoy gobierna uno de los presidentes municipales más improvisados y dañinos que ha tenido el municipio.